La Ley N° 21.349 establece nuevas exigencias para la comercialización de fertilizantes y bioestimulantes, incorporando mayores estándares de calidad, trazabilidad y seguridad para proteger a los productores y promover una agricultura más sustentable.
Chile cuenta con un nuevo marco regulatorio para fertilizantes y bioestimulantes que busca modernizar el mercado de estos insumos agrícolas, entregando mayor transparencia a los usuarios y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización.
La Ley N° 21.349 introduce cambios relevantes para fabricantes, importadores y distribuidores, estableciendo nuevas obligaciones en materia de etiquetado, control de calidad y registro de productos, con el objetivo de brindar más información a los agricultores y resguardar los recursos productivos.
En una entrevista con Reporte Agrícola, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) explicó los principales alcances de esta normativa y su impacto en el sector.
Más información y mayor trazabilidad
Uno de los principales cambios que incorpora la legislación es la obligación de utilizar etiquetas estandarizadas que entreguen información clara sobre la composición de los fertilizantes y bioestimulantes, el contenido de nutrientes, los parámetros de calidad y la eventual presencia de contaminantes, como metales pesados.
La normativa también crea un Registro Único Nacional para las empresas vinculadas a la fabricación, importación y comercialización de estos productos, permitiendo mejorar la trazabilidad y fortalecer las labores de fiscalización que realiza el SAG.
Además, establece un sistema de sanciones para quienes incumplan la legislación, con multas que pueden fluctuar entre 100 y 1.000 UTM.
Herramientas para una mejor toma de decisiones
Según el SAG, las nuevas exigencias permitirán que los agricultores dispongan de información técnica más completa y confiable al momento de elegir un fertilizante o bioestimulante para sus cultivos.
Los antecedentes incluidos en las etiquetas deberán estar respaldados por análisis realizados en laboratorios autorizados por el organismo, garantizando la veracidad de la información entregada.
Asimismo, cada producto deberá incorporar datos como número de lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento, facilitando su seguimiento durante toda la cadena de distribución.
Protección de los suelos y de la producción agrícola
La legislación fija límites máximos para diversos contaminantes presentes en fertilizantes y bioestimulantes, entre ellos plomo, arsénico, cromo hexavalente, zinc y otros elementos potencialmente dañinos.
Con esta medida se busca disminuir el riesgo de acumulación de metales pesados en los suelos agrícolas y evitar que estos puedan incorporarse posteriormente a los alimentos destinados al consumo humano.
La normativa también amplía las facultades del SAG para restringir o prohibir la comercialización o importación de productos que representen un riesgo para la agricultura o la ganadería.
En ese marco, el organismo ya aplicó estas atribuciones mediante la Resolución N° 9.365, que prohibió el ingreso al país de fertilizantes elaborados con harinas de hueso de rumiantes debido al riesgo sanitario asociado a la encefalopatía espongiforme bovina.
Un marco regulatorio que impulsa la innovación
Además de fortalecer la fiscalización y la seguridad, la nueva legislación busca generar condiciones favorables para el desarrollo de tecnologías más sostenibles.
Uno de los ámbitos que podría verse especialmente beneficiado es el de los bioestimulantes, productos que hasta ahora no contaban con una regulación específica en Chile y cuyo uso ha aumentado de forma sostenida en los sistemas agrícolas.
Para el SAG, contar con reglas claras y estándares técnicos contribuye a fortalecer la confianza en el mercado, incentivar el desarrollo de nuevas soluciones para el agro y avanzar hacia una producción agrícola más sustentable.
Fuente: SAG
